Santa Cruz: con la primera ley de cierre de minas en el país

Santa Cruz se convirtió en la primera provincia del país en aprobar una ley para el cierre de minas.

Esta normativa garantiza que las empresas que realizan actividades exploratorias y de explotación, se comprometen a readecuar el paisaje y desplieguen una serie de acciones que contribuyan a la reparación ambiental, una vez que finalicen su proyecto.

Pero, al mismo tiempo, la ley no solo le apunta a las mineras con el dedo, sino que les permite una “seguridad de inversión” importante en la provincia del sur. Eso es un aspecto central en el espíritu de la ley.

Si bien el texto aprobado está plenamente consensuado por la Legislatura provincial, el oficialismo la celebra como un avance significativo en materia económica y ambiental, mientras que algunas voces de la oposición puntualizan que deja afuera toda participación ciudadana real.

Aunque a grandes rasgos, lo que las mineras puedan realizar en el territorio pareciera no estar relacionado a las decisiones populares, lo cierto es que para cualquier actividad de este tipo en el país, se necesita de la llamada “licencia social”. La que solo pueden dar los propios vecinos y vecinas, que viven en las zonas de explotación.

Santa Cruz está consolidada desde hace más de 20 años como la principal provincia minera del país, iniciando su producción en el año 98 con el proyecto Cerro Vanguardia. De todas formas, durante un tiempo previo se llevaron a cabo diferentes actividades exploratorias. Hoy, la provincia tiene seis plantas de producción y varias otras en proceso avanzado. 

La ley de cierre de minas en el territorio santacruzeño se da a partir del Acuerdo Federal Minero que fue firmado por todas las provincias durante el gobierno de Mauricio Macri, en el año 2017. Como explican desde el oficialismo, lo que viene a completar esta política estatal, es determinar “qué es lo que tiene que presentar cada empresa en los planes de cierre específicamente”.

El autor del proyecto, el legislador provincial por el Frente de Todos, Guillermo Bilardo, considera que lo que centralmente busca la ley es “cuidar lo que la Provincia venía desarrollando todos estos años”, en materia económica y también ambiental.

“Avanzamos con esta ley, entendiendo que esta etapa de la actividad, que todavía no estaba reglamentada con especificaciones ni parámetros muy precisos, tenía que tener una calidad para cuidar lo que la Provincia estuvo desarrollando hasta ahora”, indicó Bilardo en diálogo con La Tecla Patagonia.

El legislador explicó que se tratan de “parámetros en términos ambientales, sociales y económicos que exige la ley”, pero destacó la importancia de poder crear en simultáneo a las normas ambientales, una “seguridad jurídica” para las mineras.

“Lo importante es que las empresas que ya están trabajando, y las futuras que puedan llegar a venir a la provincia, a través inversiones que son de riesgo, tengan una seguridad jurídica a toda la normativa que existe en la provincia”, expresó el diputado provincial, quien antes se había desempeñado como Secretario de Minería.

Hasta ahora, Santa Cruz tenía leyes en las cuales se apuntaba a dónde se establece la actividad minera y también contaba con un Código de procedimiento minero. Ahora, la ley de cierre de minas viene a completar esta política estatal, determinando qué es lo que tiene que presentar cada empresa en los planes de cierre específicamente. Será confiar en la buena voluntad de las grandes mineras.

“La proyección y el futuro de la actividad minera va a estar atada a esto, es decir, al éxito que pueda tener un plan de cierre al momento de hacerlo”, introduce Bilardo, recordando que en definitiva, son las comunidades las que otorgan “licencia social” y estas son las que tienen que tener la información fidedigna de cuál es la vida útil de un proyecto, cuáles son los avances en relación a la producción y las reservas.

“Pero también tienen que tener información de cuáles son los avances progresivos en relación a los pasivos ambientales, a las instalaciones, a las remediaciones que tienen que realizar, y a la posible reutilización de esas zonas en donde se lleva a cabo la actividad”, agregó el legislador.

La Tecla Patagonia