Qué hizo la conducción de Durdos con la obra social del SOMU

No auditar la gestión de la intervención, deficiencias graves en el servicio, nombramiento de un administrador vinculado al caso Sueños Compartidos, denuncias de acoso laboral y acuerdos con prestadoras sospechadas, explicaría por qué no logró aprobación de la Memoria y Balance de los últimos tres años.

En el último Congreso del SOMU no fueron aprobados los balances de 2019 a 2021 por los miembros del oficialismo. Este hecho podría estar relacionado con varios hechos poco claros que se ha vivido en la obra social de personal marítimo OSPM. La lectura de las actas que se labraron desde abril de 2019, cuando la conducción del Raúl Durdos tomó posesión al darse por finalizada la intervención judicial, hasta diciembre de 2020, a las que tuvo acceso este medio, da algunas pistas del origen de la desconfianza y el descontento.

El SOMU, su Fundación y Obra Social estuvieron intervenidos por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral desde febrero de 2016, luego de que el exsecretario general, Omar Suárez, fuera procesado por las causas de entorpecimiento de las vías navegables y asociación ilícita. La intervención en el gremio se prolongó hasta diciembre de 2017, cuando luego de elecciones libres fue elegido Raúl Durdos como nuevo conductor del SOMU. Pero inexplicablemente, la intervención sobre la Obra Social, a cargo Sergio Tejada, cuñado del juez (otro hecho inexplicable y de dudosa legalidad) se extendió hasta marzo de 2019, cuando se dio por finalizada y comenzó el período de transición.

Entre la finalización de la intervención sobre el gremio y la de la Obra Social, dirigentes del oficialismo hicieron públicas sus sospechas a través de la página de una de las agrupaciones que conforman la nueva gestión. Denunciaron que la intervención habría contratado una empresa de prestaciones médicas dirigida por la sobrina del Juez y su cuñado, María Yamila Tejada, quien además estaría relacionada con la mafia de los medicamentos y tendría una sociedad offshore, Leyra Company LTD, en un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas, creada en 2015. También denunciaron que Sergio Tejada habría contratado firmas de Milenium e ITER Medicina, que estaban involucradas en estafas a obras sociales gremiales.

En su momento, consultamos a Durdos sobre estas denuncias y dijo que no las había realizado él: “Primero tenemos que saber a ciencia cierta cuál es la situación de la Obra Social y por el momento no hemos tenido acceso a los documentos”. Cuando finalmente el 25 de abril de 2019 toma posesión de la Obra Social, además de expresar palabras de algarabía por el fin de la intervención, tomó una serie de decisiones que generaron suspicacia.

Renuevan contrato con prestadora denunciada

El primer hecho llamativo fue que se siguió con la contratación de ITER Medicina, una de las empresas señaladas por sus propios compañeros como sospechosa de cometer actos ilícitos y sin que se hubiera revisado lo actuado por los interventores y la prestadora.

Las denuncias de los afiliados por el deficiente servicio que se prestaba comenzaron a conocerse en tiempo de la intervención, y con la continuidad de ITER, las quejas de los socios fueron acumulándose, al punto que comenzaron a reflejarse en las propias actas de comisión.

“Se informan múltiples quejas de los afiliados por prestaciones médicas y demoras en autorizaciones”, expuso el secretario de Actas José Moreira. Para entonces ya se había hecho pública la situación de un menor con leucemia aguda en la ciudad de Mar del Plata al cual se le negó autorización de internación.

El prestador (ITER) decidió de forma unilateral, señala un informe presentado por Durdos, “un retraso negligente, imprudente e inaceptable en la autorización necesaria para acceder a las prestaciones poniendo en riesgo la vida y la salud de los afiliados. Solo como ejemplo, en Mar del Plata, y para prácticas ambulatorias 39 afiliados fueron severamente afectados y en Necochea 10”.

Desde el SOMU contrataron una consultora que mediante una encuesta a los afiliados confirmó lo que todos ya sabían; el servicio era pésimo y finalmente en marzo de 2020, luego de casi un año de la renovación de contrato con ITER, se rescinde. La prestadora realizó un reclamo por 167 millones de pesos y se termina acordando una quita que deja el monto final en 77 millones de pesos. La quita generó nuevamente sospechas y lejos de ser considerada una buena negociación, algunos creen que en la cifra original había sobreprecios que no fueron denunciados.

Una vez terminado el contrato con ITER, el Consejo Directivo de la Obra Social decidió dejar en manos de JB Consutores, presidida por Juan E. Bosch y Pilar Bosch, la contratación de prestadoras y la gestión y administración de los recursos financieros destinados a la atención y el otorgamiento de prestaciones médicas. La extensión de poderes sobre la consultora se oficializó en febrero de 2020 y al mes de diciembre no se había requerido ningún informe de gestión. Sí se dieron sucesivos cambios en los revisores de cuentas y médicos auditores.

Sin auditoría sobre la gestión de la intervención

Una de las promesas de campaña e incluso, una vez que la nueva gestión se hizo cargo de la conducción del SOMU, fue la realización de una auditoria sobre lo actuado por la intervención judicial. Sin embargo, los resultados nunca se dieron a conocer y algunos sostienen que dicha auditoría podría no haberse siquiera realizado.

Al inicio de la gestión Durdos, según consta en actas, se recibió la Obra Social con una deuda de 60 millones de pesos y 51 juicios en curso. Estos eran datos preliminares, dada que al mes de noviembre, cuando se dieron a conocer, todavía no se había finalizado la auditoría de la Obra Social ni la Memoria y Balance.

Fue el tesorero, Fernando Toledo, el que anunció que se había solicitado una prórroga por lo que se halla pendiente “la toma de resoluciones que deberían tomar atento el resultado de las mismas, y efectuar las presentaciones administrativas y judiciales que correspondan”, pero nunca se terminaría con la auditoría.

Para entonces las actas dejaron de estar firmadas por los cinco miembros de la Comisión Directiva, quedando solo Raúl Durdos, Moreira y Toledo. El vicepresidente Daniel Merelles y el secretario de Acción Social, Julio Barbato, no volvieron a figurar. A pesar de no estar permitido por estatuto, las firmas que avalaron todo lo actuado fuero solo tres.

En actas subsiguientes, el Tesorero siguió recordando que se había solicitado una prórroga y para 2020 el tema no volvió a estar en actas, no hubo presentación final ni pedidos de prórroga para su finalización. En junio de ese mismo año se realiza la presentación de la Memoria y Balance, pero tres meses más tarde se conocería que la Superintendencia de Salud había realizado observaciones al balance presentado.

Un “socio” de Schoklender como administrador

Una de las primeras medidas que tomó la nueva dirigencia fue dar de baja contratos de empleo dentro de la Obra Social y tomar personas de su confianza en puestos clave. La designación de Walter Boca como Administrador de la Obra Social, fue una de las primeras acciones de la nueva conducción que generó preocupación, dado que Boca había enfrentado un proceso judicial en la causa Sueños Compartidos. La causa luego cambio de juez y fue declarada la nulidad en 2017.

Boca era el vicepresidente del laboratorio Lenity SA, empresa sospechada de formar parte de una estructura que falsificaba medicamentos, proveía medicamentos y también importaba equipamiento para los hospitales que se hacían dentro del plan Sueños Compartidos, cuenta Luis Gulla, autor del libro “El negocio de los Derechos Humanos”, en una entrevista realizada por la periodista Laura Di Marco.

Walter Boca fue señalado en el fallo del año 2011 de la Sala 1 de la Cámara Federal, en la causa de los hermanos Schoklender, “en concurso real con los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública” y una testigo clave indicó que la mayoría de sus fondos provenientes de las cuentas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, “fueron canalizados con la utilización de cheques cobrados por caja habiendo realizado las principales extracciones” cinco personas, entre las que incluyó a Walter Boca.

El romance con Boca duró siete meses, dado que fue el propio Durdos quien propuso la desvinculación dado que se le había solicitado “en innumerables oportunidades los estados contables y movimientos de su gestión, sin que hiciera entrega de los mismos”.  En noviembre de 2019, el Tesorero Toledo dijo que se incluiría dentro de la auditoría “lo actuado por el Director Administrativo Walter Boca”. Sobre este punto nunca volvieron a referirse, al menos hasta diciembre de 2020, fecha hasta la que este medio tuvo acceso a la documentación.

Despidos poco claros y un nuevo revisor de cuentas violento

En abril de 2020 un extraño hecho ocurrió en la sede de la Obra Social, según denuncia Durdos en las actas, mediante un comunicado del Sindicato, solicitando desvincular a Damián Díaz y Rodrigo Cáceres que junto con un grupo de personas habrían “intentado de manera delictual ingresar por la fuerza en las instalaciones de OSPM… hallada convenientemente cerrada a causa de la cuarentena obligatoria”.

Al menos existen dos situaciones extrañas, la primera es que, en el acta del 30 de abril, tres días después de que se hubieran producido los “hechos delictivos”, no se hizo ninguna mención al respecto. No fue sino hasta junio que se tomó la decisión de desvincularlos. Por otra parte, en todas las actas desde el 25 de abril de 2019 al 15 de diciembre de 2020 se da fe de la reunión en la sede de la Obra Social de la Comisión Directiva, violando el mismo decreto por el que fueron desplazados los revisores de cuentas.

Uno de los revisores nombrado en reemplazo de los funcionarios díscolos fue David Subidia, representante por ese entonces del SOMU en el Consorcio Portuario de Bahía Blanca, ciudad de la que es oriundo el Secretario General. Subidia siguió ocupando su lugar en el Consorcio hasta noviembre de ese mismo año, cuando se vio obligado a presentar la renuncia luego de que protagonizara un hecho de violencia por el que fue detenido.

“Fue detenido borracho y con un arma de fuego, luego de negarse a pagar el combustible que había cargado en su automóvil Volkswagen BoraEl hecho ocurrió a la 1:30 de la mañana en la estación ubicada en la ruta nacional Nº 3 y Pedro Pico, cuando el gremialista de 39 años amenazó con su 9 milímetros al playero que pretendía cobrarle la carga. De inmediato, el trabajador dio a aviso al 911 y el hombre fue detenido por hurto e infracción por el Comando de Patrullas y trasladado a la Comisaría Sexta. En el interior de su automóvil hallaron 15 municiones”, publicó Infocielo en el 10 de noviembre de 2020. Lo curioso es que, después de este hecho, no fue removido de su cargo de revisor de cuentas en la Obra Social del SOMU.

Denuncias de acoso laboral pisadas por más de un año

María Silvia Arana, una empleada de OSPM en Campana, con 25 años de antigüedad y sin manchas en el legajo según ella misma declaró, denunció que el 9 de marzo de 2019 que estaba siendo víctima de acoso laboral, “una estrategia de avance constante contra la psiquis para obtener el objetivo de que renuncie a mi trabajo” por parte del vicepresidente de la Obra Social “Juan Barbato, como por los representantes locales del SOMU, Alexis Velázquez y Gustavo Fernández”. En la descripción de los hechos enumera situaciones en las que habría sido violentamente increpada ante el personal y asociados.

En mayo de ese año el Ministerio de Trabajo convocó a una audiencia de conciliación para septiembre, pero no fue sino hasta fines de agosto que el tema fue tratado por la Comisión Directiva. En las actas solo quedó asentada la versión de Barbato, quien aseguró que la empleada tenía intenciones de no presentarse a trabajar luego de un año de licencia.  En el acta se escribió que una vez realizada la reunión el Consejo Directivo debía tomar una decisión.

Pasado septiembre, Arana prosiguió en la vía judicial y demandó a OSPM una indemnización por acoso laboral de 4 millones de pesos. En octubre de ese mismo año, un grupo de empleados denunció ante las autoridades del sindicato y la obra social estar “atravesando debido a las críticas por el trabajo realizado, una presión y violencia psicológica, mediante amenazas a nuestra continuidad laboral”, por parte de Carlos Barbato.

Recién en abril de 2020 y luego de que, por algún motivo, el vicepresidente y el secretario de acción social dejaran de participar de las reuniones, el Consejo Directivo de OSPM consideró que debía retomar el tema y asumieron que ya habían estado ante situaciones de empleados que habían comunicado su decisión de renunciar ante la hostilidad a la que estaban siendo sometidos. Fue entonces que se decidió suspender por tiempo indeterminado a Barbato.

La sucesión de estos hechos y un funcionamiento deficiente de una Obra Social que supo prestar en el pasado un muy buen servicio, permiten tratar de entender, al menos en parte, los motivos por los cuales la conducción de Raúl Durdos no logró que, en el último Congreso, el propio oficialismo aprobara la Memoria y Balance de los años 2019, 2020 y 2021. Una situación inédita en la historia del SOMU.

Fuente: Revista puerto

Juan

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