Menos presencia argentina en la milla 201
Atendiendo la solicitud de la Cámara de Armadores Poteros, el Consejo Federal Pesquero redujo a la mitad la obligatoriedad de permanencia de los buques en el área externa de la Zona Económica Exclusiva como condición para extender por un año su permiso de pesca.
Fuente: Revista Puerto
La Resolución 7/2021 del Consejo Federal Pesquero estableció que el titular de un proyecto de explotación exclusiva de la especie calamar (Illex argentinus), podrá solicitar la extensión del plazo de duración del mismo y del permiso por un año, cuando acredite haber realizado operaciones de pesca en el Área Adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina, durante treinta días, con visitas no inferiores a cinco días de corrido, desde el inicio hasta la finalización de la temporada de calamar.
“Los buques poteros que históricamente han operado en el área adyacente a la ZEE argentina, es decir, más allá de la milla 200, han sido muy minoritarios e inclusive, en muchas temporadas, ninguno lo ha hecho”, indicaban en los considerandos de la citada resolución y agregaban que “teniendo una gran parte de la flota potera permisos de pesca de gran altura”, el Consejo Federal Pesquero considera conveniente promover la actividad, complementándola con la que podría realizarse en la zona adyacente a la ZEE argentina”.
Consideraron entonces “oportuno establecer, como incentivo a la presencia de buques de bandera argentina en dicha área, el incremento del plazo de vigencia de los permisos de pesca de buques que acumulen operando allí, al menos, 30 días a lo largo de una temporada”.
Pero ya hemos hablado en otras oportunidades de las cambiantes convicciones del Estado argentino y particularmente de esta gestión de gobierno en materia diplomática respecto del tan mentado ejercicio de la soberanía en la milla 201 y el Consejo Federal Pesquero no ha desentonado con ello (ver La confusa política exterior en materia pesquera y de soberanía).
La Cámara de Poteros Argentinos (CAPA) solicitó semanas atrás que se modificara “la cantidad de días de operaciones que es necesario acreditar para poder solicitar la extensión del proyecto y del permiso de pesca del buque”, reduciéndolos a quince días, con visitas no inferiores a tres días de corrido.
“Fundamentan la petición en la complejidad que presentan las operaciones fuera de la ZEEA, determinada por las condiciones meteorológicas de una zona tan alejada, como también por la presencia de buques de bandera extranjera que operan allí”, se transcribió textualmente en el Acta 28.
Se solicitó a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización Pesquera un informe con el detalle de la cantidad de buques y días que operaron más allá de la ZEE argentina a partir del dictado de la norma, y el promedio de buques y días de la flota argentina que operaron sobre la especie calamar en el área durante los últimos cinco años.
El informe se presentó en la reunión de esta semana pero se desconocen los resultados; no se sabe si dieron o no cumplimiento al requerimiento que exigió el proyecto, solo se indica que “habiendo analizado la información recibida y privilegiando el objetivo de incentivar de manera efectiva la actividad de la flota potera nacional en el Área Adyacente a la ZEE argentina, se decide dar tratamiento a un proyecto de resolución a través del cual se modifica el artículo 19 de la Resolución de referencia, en los términos propuestos por las empresas del sector”.
La conclusión parece ser que para que los poteros no se vayan y dejen de pescar en el Mar Argentino, les vamos a dar el incentivo de no cumplir con los compromisos asumidos. Los proyectos también están atados a porcentajes del procesamiento que, si bien varían, en la última década fueron unificándose en el 20%. El cumplimiento de este requerimiento tampoco está claro, recién este año la industria potera ha alcanzado el 12% de productos con algún tipo de elaboración. Se puede observar un crecimiento del 50% en la producción de vainas, pero en volumen solo representa 9 toneladas de las 6.101 exportadas.
Sin cuestionamientos y, ahora sí, con la férrea convicción de que los reglamentos se han hecho para cambiarlos, por unanimidad los Consejeros aprobaron la Resolución 17 que flexibiliza los proyectos de buques poteros.