Consejo de Malvinas y cambios en las sanciones pesqueras

Ya tienen media sanción en Senadores la conformación del consejo asesor para implementar políticas de Estado que permitan ejercer la soberanía plena sobre las islas y el proyecto de ley para cambiar el cálculo de las sanciones en la pesca aplicables a barcos nacionales y extranjeros.

El Poder Ejecutivo finalmente elevó al Parlamento los proyectos de ley de creación del Consejo Nacional de Asuntos relativos a Malvinas y aguas circundantes y el de modificación de las multas a la pesca ilegal en aguas del Mar Argentino, medida que alcanza tanto a buques extranjeros como nacionales. El primer proyecto ya fue aprobado por el Senado y el Consejo a crearse está conformado por políticos, académicos y excombatientes; es un espacio de búsqueda de consenso para la implementación de políticas de Estado que tiene por fin ejercer la soberanía plena sobre las islas. El segundo, aunque se presenta como  una herramienta disuasiva de la pesca ilegal que realizan buques extranjeros en aguas nacionales, no es más que una medida general de la administración nacional que alcanza a la flota extranjera; no incluye este proyecto ninguna otra medida complementaria enfocada en la pesca Ilegal de barcos de terceros países en aguas argentinas.

La creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, obtuvo media sanción del Senado el pasado 23 de julio. Las funciones atribuidas son: contribuir a generar consensos políticos y sociales para diseñar e implementar políticas de Estado que efectivicen el ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas; colaborar en la elaboración de sustentos ambientales, históricos, jurídicos y políticos; realizar actividades de docencia e investigación que aporten conocimiento al pueblo sobre el reclamo de soberanía; realizar acciones de difusión y  proponer estrategias que aporten reconocimiento de los excombatientes.

El Consejo está integrado por representantes de Presidencia, Cancillería, Diputados, Senadores, de la Provincia de Tierra del Fuego, especialistas en Derecho Internacional y del sector académico y científico y por los excombatientes. Los representantes de estos tres últimos estamentos ocuparán el cargo por cinco años y podrán ser reelegidos. Todos ocuparán el cargo ad honórem y sus recomendaciones no serán vinculantes para el Consejo.

La coordinación del Consejo estará a cargo de la Secretaría de Malvinas, cuya máxima autoridad es Daniel Filmus. Precisamente es la estrategia de trabajo del Secretario la que genera críticas desde un sector de los excombatientes: Daniel Guzmán ha cuestionado la composición diplomática de la Secretaría por incluir funcionarios que, dice, “impulsaron el acuerdo Foradori-Duncan”.

Modificación en el cálculo de multas

También ha logrado media sanción otro proyecto de ley, el que modifica las sanciones a la pesca ilegal. Se trata del proyecto anunciado varias veces en el año, que busca incrementar los montos de las sanciones, utilizando como unidad de cálculo el litro de combustible para evitar que con la devaluación los valores, cuya última actualización fue en 2008, se vuelvan irrisorios, como lo son ahora.

Si bien los argumentos esgrimidos apuntan hacia el desaliento de la pesca ilegal perpetrada por buques extranjeros en aguas del Mar Argentino, la norma es de carácter general. Se trata de una modificación al artículo 51 de la Ley Federal de Pesca que enumera las posibles sanciones a aplicar de acuerdo con las características del buque, la gravedad del ilícito y los antecedentes del infractor; y que contempla un agravamiento cuando se pesque sin permiso.

En lugar de establecerse montos fijos, como los que se tienen en cuenta hasta ahora para aplicar la sanción, se propone el cálculo por unidad de combustible, lo que permitiría tener un valor más constante que el peso argentino. Se calculará en 500 mil litros para faltas leves y 3 millones de litros para faltas graves.

Pero el proyecto de ley suscripto por el Presidente de la Nación, y que lleva además las firmas del ministro Luis Basterra; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el canciller Felipe Solá, no contempla ninguna medida específica para desalentar la incursión en el Mar Argentino de la flota extranjera que opera en el Atlántico Sur. El proyecto todavía debe ser tratado en Diputados y no se sabe si desde otros sectores harán propuestas para mejorar la presentada por el Ejecutivo.

Fuente: Revista Puerto

Juan

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